Yo acuso de negligencia al general Berenguer, de temerario al general Silvestre y de incompetencia al general Felipe Navarro por sus responsabilidades en las funciones, respectivamente, de Alto comisario de de España en Marruecos, comandante general de Melilla y segundo jefe de Melilla, durante una serie de acciones militares en el Rif previas y durante el abandono de la posición de Annual y la posterior y penosa retirada y rendición del fuerte de Monte Arruit, entre finales de julio y principios de agosto de 1921, en el que murieron alrededor de 12.000 hombres.
No se conserva completo el expediente de investigación sobre los hechos de Annual llevado a cabo por el general Juan Picasso, pero sí la acusación del fiscal militar José García Moreno basado en él. El párrafo resume la conclusión más esencial: el desastre de Annual se debió a la negligencia e irresponsabilidad del alto mando.
El militar remitió en 1922 el abultado informe al Congreso de los Diputados , que encontró indicios de responsabilidades penales, y en el que se basó la acusación de la fiscalía militar contra los generales, jefes y oficiales del ejército.
Alfonso XIII, contra la espada y la pared
Lo más grave para la monarquía era que el general Manuel Fernández Silvestre, que no pudo ser juzgado porque murió la misma mañana en la que se produjo la desbandada de Annual bajo su mando directo -según algunas informaciones tras pegarse un tiro-, tenía una estrecha amistad con el rey Alfonso XIII.
Cuando algunos de los documentos y conclusiones del Expediente Picasso se filtraron a la prensa, entre 1922 y 1923, la situación en la calle y el Parlamento le puso contra la espada y la pared: era de dominio público la injerencia del rey en los planes militares de sus favoritos, como Fernández Silvestre, lo que agravó la situación para el monarca en un contexto de inestabilidad política.
El general Juan Picasso había sido encargado de investigar los sucesos acaecidos en Annual. Como máximo jefe del ejército en Marruecos, Berenguer se había visto obligado a autorizar una investigación sobre una operación que había tomado proporciones trágicas por el abultado número de muertos y la extendida opinión de corrupción y penalidades del ejército español en el protectorado de Marruecos que siguió durante la campaña del Rif contra las fuerzas de Abd-el-Krim.
Trató, no obstante, de maniatar a Picasso, estableciendo que las investigaciones estuvieran limitadas a jefes y oficiales, pero no a los planes del Estado Mayor, por cuestiones estratégicas y de seguridad nacional.
Falta de juicio
Picasso se trasladó a Melilla en 1921 con el objeto de obtener toda la información posible sobre las actuaciones del ejército, desde telegramas y cartas hasta órdenes de mando, relación de inventario, traslado de mercancías, etc. Interrogó además a todos los testigos que pudo encontrar -la gran mayoría había muerto o eran prisioneros- y revisó la correspondencia.
Lo que se fue abriendo ante el concienzudo instructor era un cuadro desgarrador en el que sobresalían las pinceladas de la falta de juicio y responsabilidad del general Silvestre, que cegado por obtener cada vez mayores éxitos en el protectorado frente a los rebeldes rifeños, emprendió un avance temerario -buscando el favor del rey o precisamente a sugerencia del mismo- con el objetivo de alcanzar la bahía de Alhucemas el 25 de julio, día de Santiago, exponiendo a sus hombres y a la misión española en el Rif a un peligro desmedido y sin tomar las precauciones más elementales.
Descubrió además que a la irresponsabilidad de Silvestre se le unía una serie de alarmantes irregularidades como las deficientes condiciones de la tropa, la ausencia de previsión, informes previos sobre actividad del enemigo que se ignoraban, y la ausencia de un comportamiento a la altura por parte del general Berenguer, Alto Comisario de España en Marruecos. Berenguer se puso nervioso, pero no consiguió evitar que Picasso siguiera investigando no solo a jefes y oficiales , sino también a los máximos responsables del ejército. El 18 de abril de 1922 entregó al Congreso de los Diputados el expediente con un informe final redactado por él mismo que constituía un total de 2.417 folios. Dos días después, el Consejo Supremo de Guerra y Marina encontraba indicios de responsabilidad penal contras las actuaciones de los generales.
Cadáveres insepultos de los soldados españoles a las puertas de Monte Arruit.Debido a la gravedad de las conclusiones, paralelamente a la investigación militar se inició una actuación política una vez que el Ministerio de la Guerra remitió, el 22 de noviembre, copia al presidente del Congreso de los Diputados, que estableció la primera comisión parlamentaria, conocida como la de "los 19". Comenzó entonces un rifirrafe político enconado, cuando la comisión quiso citar al general Berenguer, que se escudó en su condición de diputado para no hacerlo. El debate se agrió entre monárquicos y partidarios del buen nombre del ejército, que vieron el Expediente Picasso y los intentos de algunos miembros de la comisión como un instrumento para aguijonear al rey.
Pero la sangría era imparable, estaba al descubierto la triste y dramática situación de Marruecos, y pronto emergió el resto. Se habló de corrupción generalizada: oficiales que gastaban el doble de lo que les correspondía por asignación, armamento inadecuado, jefes y encargados del abastecimiento alimenticio que se enriquecían mientras las tropas pasaban hambre, y hospitales que eran focos de infección.
Para tratar de apaciguar el clamor popular, el Gobierno de García Prieto puso en marcha una nueva comisión, la de "los 21", que debía de poner fin a la caja de Pandora que se había abierto con la masacre de Annual y la posterior instrucción.
En medio del debate político, Berenguer fue juzgado por un tribunal militar que corroboró la acusación de negligencia, condenándolo a la pena de separación del servicio y pase a la situación de reserva, mientras que exoneraba al general Navarro, que había sido hecho prisionero tras la rendición de Monte Arruit.
El círculo se estrechaba peligrosamente sobre el rey. Antes de que se pudieran presentar las conclusiones de la segunda comisión, el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923, con la aquiescencia del propio Alfonso XIII, impidiéndolo dos semanas antes de lo previsto. Berenguer sería restituido durante la dictadura y acabaría, de hecho, presidiendo el Consejo de Ministros después de Primo de Rivera. El Expediente Picasso se tapó y las copias escasearon con los años. Sólo se conserva hoy una de ellas con menos de 300 folios de los más de 2.400 que tenía sólo el informe final
Artículo de JULIO MARTÍN ALARCÓN. Diario El Mundo
