La depuración fue un proceso gubernamental, de profundas consecuencias sociales y culturales, para desmantelar la obra educativa republicana, caracterizada por el laicismo, la coeducación y la introducción de nuevos métodos pedagógicos. La tarea, a partir de 1939, fue encomendada a tribunales designados por la Comisión Superior Dictaminadora, y se desarrolló entre 1940 y 1945. Algunos estudios amplían la fecha de finalización del proceso depurador hasta 1956, año en el que todavía se tramitaban las solicitudes de algunos expedientes de revisión de sanciones.
En total, los especialistas calculan que «se sancionó aproximadamente entre un 25% y un 30% de los docentes depurados
Según la normativa depuradora, las Comisiones debían pedir al menos cuatro informes diferentes: al alcalde, cura párroco, jefe de la Guardia Civil y a un padre de familia bien considerado, que vivieran donde estuviera ubicada la escuela e individuo objeto de investigación.
Los profesores, para poder defenderse, tenían que acreditar su buena conducta, pidiéndole ayuda a los vecinos, a representantes de profesiones prestigiosas, autoridades como el párroco, alcalde y Guardia Civil, y también en la escuela. Ello resultaba muy contradictorio, ya que eran los mismos que frecuentemente habían emitido los informes desfavorables. Se sucedían denuncias privadas, en la mayoría de las ocasiones emitidas por personas anónimas, a las que las autoridades pedían la máxima colaboración para contribuir a la llamada «causa nacional». Parece interesante este dato, ya que confirma las sospechas al pensar que el proceso de la depuración se llevó a cabo en diversas ocasiones a modo de venganza, por razones personales. En otras ocasiones, para que la plaza vacante pudiera ser ocupada por un familiar o un adepto al régimen franquista.
Los castigos y sanciones eran los siguientes:
El más grave fue sin duda las ejecuciones de aquellos docentes que se habían mostrado hostiles al alzamiento y fieles a la República.
La separación definitiva del cargo, es decir, separación del Cuerpo y baja en el escalafón. Esta fue la sanción más dura y con mayor repercusión en el cuerpo del magisterio, ya que suponía la prohibición de ejercer, o por el contrario, una disminución en la categoría de la profesión. Tanto una sanción como la otra, eran graves y perjudiciales para el maestro en cuestión, ya que alteraba y modificaba la vida de los docentes.
El traslado forzoso, que fue también una de las sanciones más graves, ya que se trataba de alejar a determinados docentes de su lugar de trabajo. La prohibición de solicitar vacantes solía ir unida a la anterior solución, y se imponía entre un mes y cinco años. Existían dos tipos de traslado forzoso, dentro y fuera de la provincia, esta última variante era aplicada a docentes que habían militado en partidos políticos autonomistas, sobre todo fue usada con docentes catalanes, vascos y, en menor medida, gallegos.
Suspensión temporal, o provisional de empleo y sueldo, o en algunos casos la jubilación forzosa. También pérdida de sueldos dejados de percibir, es decir la pérdida de una parte del sueldo mientras se tramitaba el expediente correspondiente. La suspensión de empleo y sueldo abarcaba entre un mes y dos años.
Inhabilitación para el desempeño de cargos directivos y de confianza, este tipo de sanción iba dirigida para el profesorado que era sospechoso, aunque no se había podido demostrar nada.
Y por último la inhabilitación para ejercer la Enseñanza, se refería a que no se podía ejercer legalmente la enseñanza privada.
Los cargos que se imputaron a los maestros sancionados fueron muy variados, ya que cada una de las Comisiones Depuradoras Provinciales los tipificaba de forma distinta, pero fundamentalmente se pueden clasificar en los siguientes: cargos políticos y sindicales, cargos sociales, cargos particulares, cargos religiosos y cargos profesionales.
-En el primer grupo, cargos políticos y sindicales, se imputaron conductas de participación y afiliación a partidos políticos del Frente Popular y sindicatos de izquierda, pero también manifestaciones de opiniones políticas, votos emitidos en los sufragios de febrero de 1936, la participación en la Revolución de octubre de 1934 o la simple lectura de periódicos no derechistas.
Algunos de los cargos formulados literalmente en este apartado fueron los siguientes: militancia en el Partido Comunista, pertenecer a F.E.T.E (sección sindical de enseñanza de UGT, acordaros de la maestra de la Voz dormida), actuar en partidos políticos de izquierda trabajando para su triunfo el 16 de febrero de 1936, simpatizar con los partidos del Frente Popular, votar siempre candidatura de izquierdas, amistad con personas de izquierdas.
-Los cargos de tipo social recogían también conductas políticas, pero de menor grado de compromiso y participación, fueron aplicados sobre todo a maestros a los que no se le consiguió probar filiación política izquierdista ni sindicalista, en este apartado figuraron acusaciones de la siguiente índole: «relacionarse mucho con los obreros», manifestar no importarle nada la implantación del comunismo en España, leer prensa de izquierdas, no tener amor a la patria (Leñe, esto me suena)
-Los cargos religiosos no figuraban recogidos como tal en prácticamente ningún protocolo de depuración provincial, pero lo cierto es que existieron como tales. Se vigiló especialmente las opiniones religiosas de los maestros, la asistencia a oficios y misas, así como la proyección de su conducta religiosa en la escuela y sobre el resto de la sociedad, estableciéndose distintos grados de gravedad en las conductas, que iban desde el ateísmo al laicismo pasando por la indiferencia religiosa o el cumplimiento irregular del precepto de asistencia a la misa dominical. Entre este tipo de cargos figuran los siguientes: observar conducta de verdadero ateo, hacer alarde de irreligiosidad, jactarse de no ser creyente, hacer pública ostentación de ser laico, incumplimiento de los deberes religiosos, no cumplir el precepto pascual.(acordaros de la película de la lengua de las mariposas como el maestro no iba a misa)
Según algunas estimaciones, el número de maestros sancionados se aproximó a los 20 000, habida cuenta de que en 1936 había en ejercicio en torno a 60 000 maestros nacionales, se puede concluir que la depuración implicó la imposición de sanciones para un tercio del total del cuerpo. Pero las repercusiones más lesivas de la depuración no solo afectaron a los docentes sancionados. La depuración supuso una notable merma de la calidad educativa de la escuela española, sobre todo durante la década de los años cuarenta y cincuenta, ya que una parte muy importante de las plazas dejadas vacantes por los docentes fueron ocupadas por militares que habían participado en la Guerra Civil combatiendo del lado del bando sublevado, heridos y mutilados de guerra, sus viudas (referencia también como la funcionaria de la Voz dormida) y sus familiares más directos.
A lo largo del conflicto y con posterioridad, se llevaron a cabo oposiciones y concursos con plazas reservadas para excombatientes, sin apenas preparación pedagógica y profesional, que introdujeron en las escuelas españolas disciplinas y protocolos de inequívoca ideología castrense
En los casos de personas afectadas por las depuraciones políticas, tanto en el ámbito laboral como en las administraciones públicas, éstas se vieron privadas de su derecho a percibir una jubilación, en el mejor de los casos.
A muchos de los maestros/as les fusilaron y tiraron a fosas comunes. Fueron miles los ejecutados y otros tanto los que perdieron su trabajo
En los casos de personas afectadas por las depuraciones políticas, tanto en el ámbito laboral como en las administraciones públicas, éstas se vieron privadas de su derecho a percibir una jubilación, en el mejor de los casos.
A muchos de los maestros/as les fusilaron y tiraron a fosas comunes. Fueron miles los ejecutados y otros tanto los que perdieron su trabajo
